La Corte Suprema inició este martes el proceso de audiencias de recepción de pruebas a raíz de la solicitud de remoción, por parte del oficialismo, del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
El requerimiento fue presentado en marzo por diez diputados -tres del Partido Comunista (PC), una de Acción Humanista, tres del Frente Amplio, dos del Partido Socialista (PS) y una de la bancada del PPD- quienes acusan al persecutor de participar en "operaciones políticas" y cometer negligencias en el caso Sierra Bella tras la incautación del teléfono de la expresidenta de la Cámara Baja, la diputada Karol Cariola (PC).
Los parlamentarios culpan a Cooper de no haber resguardado los chats privados entre Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en el marco de la mencionada indagatoria.
Según la diputada comunista Carmen Hertz, que impulsó este recurso, "los hechos que, a nuestro juicio, no cumplieron ninguno de los estándares jurídicos mínimos aceptables en un estado de derecho, son el allanamiento al departamento de la diputada Cariola, en el momento en que estaba de parto. Hecho de conocimiento público, y que el fiscal Cooper y la PDI no podían sino conocer".
"En segundo lugar, las escuchas y la falta de reserva absoluta frente a lo que siempre debió resguardar, que fueron las interceptaciones que hizo al teléfono de la exalcaldesa Hassler, quien se lo entregó voluntariamente, y estas filtraciones no podían sino provenir, lamentablemente, del Ministerio Público, porque (su contenido) ni siquiera había sido entregado a los intervinientes", advirtió la abogada.
El fiscal de Coquimbo también ha sido blanco de críticas por su manejo en el caso Procultura, luego de que se diera a conocer que solicitó "pinchar" el teléfono del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y también del Presidente Gabriel Boric, por lo que desde el oficialismo lo han acusado de "espionaje político".
Plazo de recepción culmina el viernes
Este martes, la ministra de la Corte Suprema Mireya López entregó detalles acerca del proceso: "Se hace un requerimiento para la remoción, en este caso de un fiscal regional, a petición, como dice la norma, de diez diputados de la República".
"Es a la Corte Suprema la que le corresponde conocer de esta petición de remoción y, para ello, después de que se ha presentado el requerimiento, las pruebas y se ha evacuado el traslado respectivo por el requerido, se fijan audiencias para la recepción de pruebas", complementó.
Respecto a los plazos, la ministra del máximo tribunal indicó: "Estas audiencias se están llevando a cabo esta semana: comenzamos hoy y estaremos hasta el viernes recibiendo las pruebas que las partes han presentado. Después de esto, es el Pleno de la Corte Suprema quien conoce de la remoción, en una audiencia convocada especialmente al efecto, y es allí donde se toma la decisión".
Anteriormente, al ser consultado sobre el requerimiento, el propio fiscal Cooper manifestó que "estoy tranquilo, hago el trabajo lo mejor que puedo, llevo 25 años en esto. En uso legítimo de sus atribuciones, 10 diputados consideraron que he sido negligente en mis funciones, y la excelentísima Corte Suprema tendrá que definir si me remueve o no".
"Junto a mis abogados, nos defenderemos en las instancias correspondientes", zanjó el persecutor.
Para autorizar la remoción del fiscal, se requiere un quórum mínimo de cuatro séptimos de los 17 integrantes del máximo tribunal.
