La Fiscalía Metropolitana Oriente se prepara para llevar a juicio al exalcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi (exRN), por cinco delitos frustrados y uno consumado de fraude al Fisco, tras la supuesta suscripción de contratos "abusivos" con indemnizaciones "abultadas" a funcionarios durante su gestión.
De acuerdo con La Tercera, el Ministerio Público -que formalizó a Zarhi en febrero de 2024, quien actualmente está bajo firma quincenal- concluyó la indagatoria e ingresó el mes pasado un escrito de 21 páginas al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde detalla los presuntos delitos y pide casi 10 años y medio de prisión para el exalcalde.
En el documento, la fiscal a cargo de la causa, Mitzy Henríquez, afirma que Zarhi (2015-2021), al llegar a la alcaldía, asumió también como presidente de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ñuñoa.
Allí, "permitió que se suscribieran contratos y anexos de contratos de los Directivos de dicha Corporación, que contenían cláusulas abusivas relativas a la concesión de indemnizaciones a todo evento y sin tope legal", reza el texto.
Las cláusulas de indemnizaciones "superaban los límites legales y fueron suscritas sin las facultades suficientes, contraviniendo en forma abusiva los deberes propios de su cargo en cuanto a resguardar el patrimonio de la Corporación, en cuanto le generó un pasivo ascendente a la suma de $190.465.530″, acusa el escrito.
Contratos irregulares con cinco funcionarios
Fiscalía afirma que la suscripción de los acuerdos fue con cinco funcionarios, entre los que se encuentran el exdirector del Cesfam Rosita Renard Roberto Stern; el exsecretario de la Corporación José Palma; y el exdirector jurídico Ludwig Bornard. Los tres también serán llevados a juicio junto con Zarhi.
De acuerdo con el documento, el exalcalde suscribió un finiquito por 44 millones de pesos con Palma -desvinculado tiempo después de la llegada de la exalcaldesa Emilia Ríos (2021-2025)-, que recibió un pago abultado correspondiente a 108 días feriados, cuando le correspondían 37.
La suscripción del finiquito, afirma la Fiscalía Metropolitana Oriente, generó un perjuicio de más de 27 millones y medio de pesos a la Corporación.
Según los intervinientes, estos casos de cláusulas de indemnización "a todo evento y sin tope legal" se repetían en contratos de otros trabajadores de educación, cultura y de la propia administración del organismo.
Para el juicio, la Fiscalía presentó 11 testigos, entre los que se encuentra la exalcaldesa -ahora subsecretaria del Deporte- Emilia Ríos, además de 61 documentos como prueba y ocho evidencias materiales.
Tras presentada la acusación, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como una defensa han pedido la reapertura de la investigación. El tribunal fijó para el próximo 12 de junio una audiencia para discutir aquello.
